Por: Redacción YSKL
El Departamento de Estado de los Estados Unidos divulgó este miércoles una actualización del listado «353 de Actores Corruptos y Antidemocráticos» de la región centroamericana, mejor conocida como la «Lista Engel».
En el registro, figuran como sindicados funcionarios, ex funcionarios, políticos y empresarios de El Salvador, Guatemala y Honduras señalados de «acciones que socavan procesos o instituciones democráticas», «perpetran corrupción u obstrucción de investigaciones sobre actos relacionados» y «corrupción en contratos gubernamentales, sobornos, extorsión, lavado de dinero».
Asimismo «actos de violencia, acoso o intimidación a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales».
De acuerdo con la nueva publicación, son señalados Mauricio Funes Cartagena, primer presidente del FMLN (2009-2014), por estar involucrado en una «corrupción significativa» al orquestar y participar en «varios esquemas que involucran soborno, malversación de fondos y lavado de dinero» mientras era presidente.
El Departamento de Estado informó que Funes ha «robando cientos de millones de dólares de las arcas del estado».
El segundo en la lista es el ex vicepresidente Salvador Sánchez Cerén en la gestión Funes, a quien lo involucran por una «corrupción significativa» al lavar dinero durante su mandato, recibiendo «personalmente» más de $1.3 millones en fondos públicos a cambio.
Además de ello, Estados Unidos lo vincula a un esquema para desviar $183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión hacia cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente, entre 2014-2019.
José Miguel Menéndez Avelar, conocido como «Mecafé», ex presidente del Centro Internacional de Convenciones del gobierno Funes, es el sindicado: al ex funcionario lo ponen al frente de la suscripción de un contrato del Ministerio de Obras Públicas por $8,4 millones para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango, a un empresario guatemalteco. «A cambio, Menéndez recibió ilegalmente un pequeño avión, un Beechcraft King Air 90, como regalo», reza el informe.
Los demás ex funcionarios señalados son Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario, por supuestamente «lavar $97 millones a cambio de $72,000 en sobornos». También figura Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente de dicha entidad, por «lavar $94,5 millones a cambio de $64.500 en sobornos» y Jolman Alexander Ayala, ex oficial de cumplimiento del Banco por el presunto lavado de «$177 millones a cambio de $78,000 en sobornos».
Lista Engel
La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como “Lista Engel”, es una herramienta para contrarrestar la corrupción en la región de Centroamérica.
Hasta la fecha, 250 personas de Guatemala, Honduras y El Salvador -la mayoría funcionarios públicos en activo- de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales han sido incluidos en la lista.
La «Lista Engel» surgió por iniciativa del ex congresista demócrata de Nueva York Eliot Engel en 2019.
Engel propuso la legislación para “apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras”, reza el sumario de la ley.
Desde la aprobación de la legislación por el pleno del Congreso el 22 de diciembre de 2020, recae en el secretario de Estado y el engranaje del Departamento de Estado pormenorizar las investigaciones para cumplir con el mandato de incluir a aquellas figuras en los tres países vinculadas con actos de corrupción o ataques a la democracia.
¿A quién se ha incluido en la Lista Engel?
El Congreso de EE. UU. ya recibió, hasta 2022, dos listados enviados por el secretario de Estado, Antony Blinken, para la Lista Engel. El más reciente, de finales de septiembre, incluyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, que asumieron el 1 de mayo la titularidad en la máxima instancia judicial fuera del proceso que manda la Constitución salvadoreña, luego que la bancada oficial decidió deponer a los titulares tres años antes de que terminaran su mandato.
Además fueron adheridos tres funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, el ex asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta; el secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria; y el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Asimismo, el alcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, a quien Estados Unidos señala de participar en narcotráfico y lavado de dinero. Y Ezequiel Milla, ex Alcalde de La Unión, que supuestamente medió para vender un islote a empresarios chinos.
También se incluyen al exfuncionario René Figueroa y a su esposa Cecilia de Figueroa, acusados de desviar 3 millones de dólares de fondos públicos durante el gobierno de Antonio Saca, actualmente preso por el desfalco de 300 millones de dólares.
¿Qué implican las sanciones para los nombrados en la Lista Engel?
La primera consecuencia para centroamericanos nombrados en la “Lista Engel” es la cancelación de visas de EE. UU. o cualquier documento para ingreso válido a territorio estadounidense.
“A las personas extranjeras enumeradas en este informe se les revocará inmediatamente el visado y se anulará cualquier otro visado o documentación de entrada válidos, a menos que se conceda una exención del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, según el instructivo de la legislación, publicado en el Registro Federal.
El Departamento de Estado ha asegurado que se siguen investigando a los incluidos en la lista y que podría “utilizar otras herramientas para desbaratar las actividades corruptas y antidemocráticas” en esos países.
La ley establece también que el presidente de Estados Unidos impondrá sanciones a las personas involucradas en actos significativos de corrupción en un país del Triángulo Norte con «bloqueo de propiedades».
¿De dónde proviene la información para la Lista Engel?
El Departamento de Estado echa mano de toda información «creíble» que ayude a señalar a determinadas personas, que puede ser desde investigaciones periodísticas hasta de centros de lucha contra la corrupción en la región, entre otros.
