Humberto Castillejos Cervantes, Alberto Bazbaz Sacal, Alfredo Castillo y Walter Meade son los nombres de personajes ligados al peñismo que estarían involucrados en la ejecución de un sistema de espionaje contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su familia e integrantes de su gabinete.
Fue la columna Oficio de papel de Miguel Badillo quien reveló lo anterior y luego el diario Reforma tuvo acceso a la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR). Informó incluso el diario el lugar desde el que operaba este centro de espionaje: un edificio en la exclusiva zona de Santa Fe, Ciudad de México. Esta red estaría espiando al círculo cercano del presidente y a más de 300 políticos, empresarios, ministros y legisladores.
De corroborarse esta información, con el trabajo de investigación de la FGR –y otros organismos federales como el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)–, estaríamos ante una conspiracion de personajes del gobierno anterior contra el gobierno actual. Muy difícilmente podría esperarse que estos cuatro hubieran actuado por su cuenta. Las investigaciones cercarían al expresidente Enrique Peña Nieto y a otros personajes del peñismo-salinismo.
Humberto Castillejos Cervantes fue el asesor jurídico de la Presidencia de la República. Alberto Bazbaz fue director de la propia UIF y del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Alfredo Castillo Cervantes se desempeñó como comisionado federal en Michoacán en materia de seguridad y como director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). Walter Meade es primo del excandidato priísta a la Presidencia de la República y exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social, José Antonio Meade. Walter Meade, además, trabajó para José Susumo Azano, quien fuera presidente de Security Tracking Devices. Sí, la misma empresa que le vendió al gobierno federal el poderoso sistema de espionaje Pegasus.
Todo cuadra. Los personajes, además de estar ligados (de manera subordinada) a la clase política-empresarial que dominó durante los pasados sexenios, también están vinculados a labores de “seguridad” e “inteligencia”.
Un dato más: cuando se adquirió Pegasus, el militar más poderoso después del general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, era otro general que se ha vuelto famoso en los últimos días por sus abiertas críticas al presidente. Sí, el subsecretario de la Defensa en ese momento era Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien en un desayuno de hace unos días dijo hablar a nombre de varios militares, cuestionó directamente las decisiones del presidente y, asumiendo una representación tácita del cuerpo castrense, señaló que con el nuevo gobierno: “Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.
El espionaje contra empresarios y ciudadanos en general probablemente buscaba para los ejecutores o sus amigos sacar ventajas en determinados negocios, vender información o simplemente extorsionar. Deleznable. Tales delitos merecerían que se les aplicara lo que la Ley señala.
Pero espiar al presidente y a su círculo cercano tendría otro tipo de fines: acorralarlo y posiblemente encontrarle algún pasaje oscuro que le permitiera al grupo que sirven “negociar” con el nuevo gobierno el poder económico y político que todavía gozan. Y condicionar al presidente, extorsionarlo o someterlo equivaldría a un golpe de Estado.
Precisamente la plataforma Pegasus, de la que Contralínea dio cuenta desde 2012 (https://bit.ly/2JAUy47 y https://bit.ly/2N2J6k0) es la que cuenta con las capacidades para intervenir y controlar el teléfono de la víctima sin que ésta siquiera lo note.
De hecho Contralínea es el único medio de comunicación que ha documentado las capacidades reales del software porque cuenta con copia de los contratos íntegros firmados entonces entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Security Tracking Devices. Al interior del gobierno, en 2012, tal adquisición generó controversias entre funcionarios e incluso motivó una serie de fiscalizaciones llevadas a cabo tanto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Fedración (ASF).
¿Pero en qué consiste Pegasus y por qué es tan importante? La adquisición de este sistema costó al erario casi 600 millones de dólares (5 mi 600 milones de pesos de ese entonces u 11 mil 600 millones de pesos de los de ahora). Fue adquirido mediante la firma de ocho contratos para la instalación, en tres fases, de la platafora que utilizarían de manera exclusiva las Secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Defensa, es decir, las encargadas de inteligencia y contrainteigencia y de combate al narcotráfico, respectivamente.
Formalmente, según los contratos, Pegasus fue parte central de un “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 [Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa Nacional]”.
Según la descripción de las capacidades contenida en los documentos, la plataforma puede intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica. Y, más aún, de manipular a distancia –sin que los ciudadanos espiados lo adviertan– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone.
Uno de los contratos se refiere en específico al Sitio Central del Sistema de Control de Procesamiento de Datos, para la “instalación y puesta en operación de Pegasus Mobile Communcation Solution para la plataforma Iphone” para espiar a 400 usuarios. Otro contrato se firmó para espiar a igual número de usuarios del sistema Android y otros para el sistema BlackBerry.
Quienes hacen uso de este sistema pueden “operar con las siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS/MSM; lista de contactos; registros de agenda; monitores de e-mail; intercepción de voz; extracción de mensajería instantánea; información de ubicación GPS/Cell ID; captura de imágenes de pantalla y de la cámara; acceso y manipulación del sistema de archivos; información y estado del sistema; información de la tarjeta SIM; información del hardware, sistema operativo y software; denegación de capacidades de servicio, y detener el funcionamiento del dispositivo”.
Además, tod lo anterior aunque los espiados cuenten con aparatos encriptados, con antivirus y antiespías. Una de las características de los sistemas Pegasus es “ser indetectables en los dispositivos del hardware y por programas de software (antivirus, antispyware) existentes en el mercado”.
Así de claros son los contratos. Y así de grave es que Pegasus haya sido robado y sea utilizado por grupos de interés político y empresarial. No es un asunto menor. Probablemente el presidente lo sabe, aunque minimice el tema en las coferencias mañaneras. La investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias. No sólo porque se puede utilizar para desestabilizar al gobierno, sino porque vulnera los derechos elementales de todos los que habitamos este país.
Zósimo Camacho
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